El 31 de julio de 2008, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que los terrenos donde se realiza la fiesta de la Cueva y San Ignacio de Loyola pasen a ser patrimonio de los guanajuatenses.
De esa manera se garantizaría que no se pierda una tradición de casi 400 años de antigüedad. A un año de la promesa, los terrenos siguen como propiedad de Alejandro Marcocchio Rodríguez, dueño de la constructora Azacan.
Hace un año, en un volante distribuido durante la celebración del Día de la Cueva, la dirigencia estatal del PRD acusó al empresario de pretender construir en la zona un conjunto de casas campestres con vialidades y servicios para clientes de un nivel socioeconómico alto, además de instalar una gasolinera y un centro comercial en la parte baja de estos cerros junto a la vialidad.
Los regidores perredistas Salvador Flores Fonseca y Juan Francisco Reyes Millán le informaron al gobernador Oliva que Marcocchio, quien construyó el acceso Diego Rivera, tendría que donar sólo siete hectáreas del terreno de 40.5 hectáreas que compró en 2005, para lo que se valió de información privilegiada, pues ya sabía del trazo del nuevo acceso a la ciudad.
Por lo anterior, solicitaron al Gobernador expropiar o comprar los terrenos donde se realiza esta festividad de 393 años de antigüedad para que sea un patrimonio de los cuevanenses.
El Gobernador manifestó estar de acuerdo con la solicitud. A un año de lo anterior, el PRD de Guanajuato insistirá en el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador Oliva Ramírez.
